La Causa de Oruro

Desde la frustrada rebelión de 1739, la villa minera de Oruro soportó continuas disputas de sus principales vecinos criollos con los españoles por el control de los primeros cargos del Cabildo, generándose dos bandos enfrentados. El conflicto se acentuó durante la década de 1760 al surgir el clan Rodríguez, que monopolizó los cargos capitulares sustentándose en su gran poder económico.

La década de 1770 presenció no sólo el aumento excesivo de las cargas fiscales y del control burocrático real, sino una particular coyuntura de iliquidez de los mineros criollos orureños que sería detonante de su rebelión en 1781. En confluencia con la sublevación general de Túpac Amaru, la rebelión de la entera villa liderada por los Rodríguez dio como resultado la masacre y saqueo de un grupo de comerciantes españoles.

Oruro implicó un incipiente polo de poder criollo, con la elaboración de una ideología nacionalista criolla, sustentada en justificaciones ideológicas y un limitado mesianismo. Este nacionalismo criollo, de connotaciones urbanas y mineras, poseía un fuerte contenido de identidad americana, y aunque surgió como opuesto al nacionalismo inca (agrario y mesiánico), resultaba simétrico al sustentado por Túpac Amaru, con el que pudo confluir por breve lapso.

Su carencia de programa independentista produjo una alternancia ambigua de sus líderes criollos entre los polos enfrentados (españoles e indios); esa ambivalencia que no sólo implicaría la alianza y enfrentamiento subsiguiente con los indios a la par del fingir seguir siendo leales vasallos de la corona española, sino incluso la oposición de los intereses individuales caudillistas con los de casta.

José Oscar Frigerio, "La rebelión criolla de la Villa de Oruro. Principales causas y perspectivas", Anuario de Estudios Americanos, tomo LII, N° 1, Sevilla, 1995.

Cuando a partir de 1762 se entronizaron en el cabildo de la villa de Oruro los hermanos Jacinto y Juan de Dios Rodríguez de Herrera, opulentos mineros y hacendados, constituyendo un auténtico clan con parientes, amigos, socios, sirvientes o compadres, se producirían frecuentes fricciones y enfrentamientos con los sucesivos corregidores que llegaban a disputarles el poder local.

Como el creciente endeudamiento con los comerciantes españoles (despectivamente llamados chapetones) amenazara con arruinarles, en confluencia con el excesivo aumento de las cargas fiscales y del control burocrático real durante la década de 1770-80, ellos esparcirían rumores entre los cholos (mestizos) acuartelados que integraban las milicias de la villa y harían convocatorias entre los indios comarcanos, preparando el alzamiento del 10 de febrero de 1781, que tanto aterrorizaría a los españoles, debido a la masacre y despojo de las riquezas de un grupo de acaudalados comerciantes.

La rebelión de Oruro había confluido con el alzamiento liderado por Túpac Amaru, el último grito de independencia incaico, pero variados desacuerdos producirían la ruptura inmediata. Frente a la creciente derrota de las filas rebeldes, los criollos orureños fingieron lealtad a la corona española, elaborando justificaciones ideológicas que afirmaban centralmente que los criollos y cholos se rebelaron y asesinaron a los chapetones como autodefensa, pues éstos planeaban asesinarlos.

Tal situación se mantuvo hasta 1783 cuando el virrey Vértiz dispuso secretamente el indulto de la plebe mestiza de Oruro y ordenó la investigación de los hechos para determinar los principales cabecillas de la rebelión. La cuestión habría sido motivada, aparte de castigar los sucesos anteriores, por los rumores de un nuevo alzamiento que habría atumultado a la plebe orureña, en confluencia con la rebelión de Diego Cristobal Túpac Amaru en los altos de Quispicanchis.

Al año siguiente fueron apresados y enviados a Buenos Aires, la capital del Virreinato del Río de la Plata, en tandas, por tierra y a lomo de mula, un número impreciso de reos, mayormente criollos y cholos, siendo confinados por su presunta peligrosidad en calabozos especialmente construidos en las Casas Redituantes de la Universidad, o de Temporalidades, situadas en la actual Manzana de las Luces.

La Causa de Oruro fue caratulada como Crimen de Lesa Majestad, siendo instrumentada por la recien creada Real Audiencia Pretorial de Buenos Aires, por orden del rey Carlos III y su delegado, el virrey Juan José de Vértiz y Salcedo a partir de 1784.

Las motivaciones que impulsaron a la corona española a instrumentar un largo proceso judicial (1784-1801), situación sin precedentes en la gran sublevación general del Alto y Bajo Perú, dado que los procesos a los acusados de las castas inferiores fueron sumarísimos, con torturas y rápido desemboque en el patíbulo, se debería a la cautelosa actitud que se mantuvo para con los criollos.

Justamente, los acusados de ser cabecillas de la rebelión de Oruro eran criollos en su mayor parte, y tanto el efectivo poder que habían alcanzado, como la crueldad y ambición atribuidas a la masacre, cuanto la peligrosa alianza con las castas inferiores que la habría producido, movilizaron a los españoles a indagar sus alcances y motivaciones últimas.

Los resultados de la Causa de Oruro fueron estériles para España. Los largos interrogatorios a los acusados y multitud de testigos plantearon un laberinto sin respuestas. Sin embargo, parece evidente el mantenimiento de cierta fórmula legal y la ausencia de torturas durante los interrogatorios en Buenos Aires, a pesar de las condiciones penosas que debieron soportar los reos en sus calabozos, que implicaron una coerción psicológica en sus declaraciones, motivando contradicciones, acusaciones mutuas y desvarío permanente.

Durante los primeros años gran parte de los reos permanecieron incomunicados, con grillos, encerrados día y noche en calabozos lóbregos y humedos, en condiciones infrahumanas dado que no se les permitía asearse ni medicinarse, custodiados por guardias que hacían requizas cada dos horas.

En 1787 una porción de ellos fue trasladada a la Real Carcel de condiciones mejores, otorgándoseles libertad bajo fianza en gran parte. A los reos que eran sacerdotes se los envió a conventos con orden de mantenerlos incomunicados y prisioneros, aunque con toda seguridad esa situación se fue relajando hasta confluir, como en el caso del padre Mariano Bernal en sus servicios en el Real Colegio.

Por lo tanto, solo se mantuvo prisioneros en los calabozos de Oruro a una porción de ellos, alrededor de diez, los considerados principales cabecillas. En 1791, debido a las condiciones insalubres de los calabozos se les dio libertad condicional en el marco de la ciudad, para que pudieran sanar sus muchas enfermedades y achaques. Paulatinamente, entre 1793 y 1795 se los fue devolviendo a la cárcel porque la sentencia de la causa estaba próxima.

La sentencia fue dictada en 1795 por el oidor Francisco Garasa Giménez de Vázquez, a cargo de la causa. Según historiadores bolivianos los considerados principales motores y cabecillas del alzamiento habrían sido condenados a muerte, especialmente los hermanos Jacinto y Juan de Dios Rodríguez de Herrera, ya fallecidos, quienes habrían sido ejecutados simbólicamente post-mortem. De cualquier modo, la sentencia no ha sido hallada en Buenos Aires como para comprobar tal aseveración.Solo se sabe que tres reos principales fueron enviados a España por tal sentencia, para que la corte dictara allí el fallo final.

Finalmente, en 1801 el rey Carlos IV decretó la anulación de la sentencia dictada en 1795, poniendo en libertad a los reos que todavía quedaban presos, tanto en España como en Buenos Aires.

José Oscar Frigerio, "Crimen y castigo en el virreinato. La sublevación de Oruro de 1781 y su terrible represión", Todo es Historia, N° 196, Bs. As., setiembre de 1983.

_{José Oscar Frigerio, "Oruro 1781: la
rebelión de los criollos", Todo es Historia, N° 297, Bs. As., marzo de 1992.}

_{José Oscar Frigerio, "La rebelión
criolla de la Villa de Oruro. Principales causas y perspectivas", Anuario de Estudios
Americanos, tomo LII, N° 1, Sevilla, 1995.}